Esta página trata de la prueba en el curso de una acción. Las medidas adoptadas antes o al margen de la acción para obtener o conservar pruebas (saisie-contrefaçon o embargo descriptivo, inspección, embargo de bienes) son objeto de una página aparte: «Embargo descriptivo y conservación de pruebas».
Marco general
Carga de la prueba
La carga de la prueba de los hechos incumbe a la parte que los invoca (A54 AJUB). Es un principio bastante compartido por todos los Estados miembros (Actori incumbit probatio).
La parte que alega un hecho controvertido (o que pueda serlo) debe indicar los medios para probarlo y aportar las pruebas de que disponga; en su defecto, el tribunal lo tiene en cuenta (R171.1 y R172.1 RP JUB). Un hecho que no se haya impugnado específicamente se tiene por cierto entre las partes (R171.2 RP JUB).
Inversión de la carga de la prueba
Si el objeto de la patente es un procedimiento para obtener un producto nuevo, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular se ha obtenido mediante el procedimiento patentado (A55(1) AJUB).
La misma presunción se aplica cuando (A55(2) AJUB):
- existe una probabilidad considerable de que el producto idéntico se haya obtenido mediante el procedimiento patentado;
- y el titular no ha podido, pese a esfuerzos razonables, determinar el procedimiento efectivamente utilizado.
En la prueba en contrario se toman en consideración los intereses legítimos del demandado en la protección de sus secretos de fabricación y comerciales (A55(3) AJUB).
Libre valoración
El tribunal valora libremente la prueba (A76(3) AJUB), y el representante no puede tergiversar los hechos (véase «Representación ante el TUP»).
Los medios de prueba
Los medios de prueba son, en particular (R170.1 RP JUB):
- las pruebas escritas (documentos, declaraciones escritas de testigos, planos, dibujos, fotografías);
- los informes periciales y los informes de experimentos realizados a efectos del procedimiento;
- los objetos físicos (dispositivos, productos, modelos);
- los archivos electrónicos y las grabaciones de audio o vídeo.
Las diligencias de prueba posibles son, en particular, la audiencia de las partes, las solicitudes de información, la aportación de documentos, la audiencia de testigos, la pericia, la inspección in situ, las pruebas comparativas y experimentos, y las declaraciones escritas bajo juramento (A53(1) AJUB y R170.2 RP JUB).
Los testigos
Declaración escrita
La parte que quiera valerse de un testimonio presenta una declaración escrita del testigo (o un resumen de su testimonio), firmada, en la que este reconoce su obligación de decir la verdad y su responsabilidad en caso de incumplimiento, y que indica sus vínculos con la parte y cualquier conflicto de intereses (R175 RP JUB).
Audiencia
El tribunal puede ordenar la audiencia de un testigo de oficio, cuando su declaración escrita se impugna, o a petición de una parte que exponga las razones de la audiencia, los hechos que deban confirmarse y el idioma del testimonio (R176 y R177.1 RP JUB).
La orden de citación indica, en particular, los hechos sobre los que será interrogado el testigo (por el tribunal y las partes), el reembolso de sus gastos, el idioma y la eventual interpretación, así como sus derechos y obligaciones (R177.2 y R177.3 RP JUB). El interrogatorio se limita a lo necesario (A53(2) AJUB).
Los peritos
Peritos de parte
Las partes pueden aportar los informes periciales que estimen útiles; si es citado, el perito debe asistir al tribunal con total imparcialidad, deber que prevalece sobre el que tiene con la parte que lo designó (R181 RP JUB).
Pero el perito no sustituye al juez: la interpretación de las reivindicaciones es una cuestión de Derecho, y el tribunal no puede encomendarla a un perito; del mismo modo, corresponde al juez, y no al perito, apreciar los conocimientos del experto en la materia (TUP, Tribunal de Apelación, 30 abr. 2025, Insulet c. EOFlow, UPC_CoA_768/2024, sumario, puntos 1 y 2).
Perito judicial
Cuando deba resolver una cuestión técnica o de otra índole, el tribunal puede, de oficio y tras oír a las partes, designar un perito judicial, que debe ofrecer las garantías de competencia, independencia e imparcialidad requeridas (R185 RP JUB). No obstante, la presencia de jueces técnicos en las salas hace este recurso menos necesario que en otros lugares (A8(5) y (6) AJUB).
Los experimentos ordenados por el tribunal
A petición motivada de una parte, el tribunal puede ordenar un experimento para probar un hecho; la orden designa al perito y fija las condiciones y el plazo del informe; las partes pueden presentar observaciones, y el perito puede ser oído (R201 RP JUB).
Aportación de documentos
A petición de una parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes, y que precise las pruebas en poder de la parte contraria o de un tercero, el tribunal puede ordenar su aportación, sin perjuicio de la protección de la información confidencial; nadie está obligado a declarar contra sí mismo (A59(1) AJUB). La misma orden puede referirse a documentos bancarios, financieros o comerciales de la parte contraria (A59(2) AJUB).
La solicitud se presenta durante el procedimiento escrito o el intermedio; la orden precisa las condiciones, la forma, el plazo de aportación y la sanción aplicable, y el tribunal tiene en cuenta la negativa a cumplirla (R190 RP JUB). Es susceptible de apelación (R220.1 c) RP JUB).
Comunicación de información
El tribunal también puede, previa solicitud motivada, ordenar a la parte contraria o a un tercero que comunique la información a que se refiere el artículo 67 (origen y canales de distribución, cantidades y precios, identidad de los terceros implicados) o cualquier otra información razonablemente necesaria para hacer avanzar la causa de la parte (A67 AJUB y R191 RP JUB). Esta comunicación puede ordenarse incluso en la fase de medidas provisionales, si hay urgencia y proporcionalidad (TUP, Tribunal de Apelación, 14 feb. 2025, Abbott c. Sibio, UPC_CoA_382/2024, sumario).
Cuidado con lo que se comunica así: una información entregada a la parte contraria sin una orden de confidencialidad basada en la regla 262A pierde su carácter confidencial (TUP, Tribunal de Apelación, 18 mar. 2026, EOFlow c. Insulet, UPC_CoA_930/2025, sumario; véase «Principios procesales»).