Obtener una resolución es una cosa; hacerla respetar en dieciocho Estados es otra. El Acuerdo lo ha previsto: sin exequátur, sin reconocimiento Estado por Estado (A82 AJUB).

Fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes

Las resoluciones y órdenes del TUP son ejecutivas en cualquier Estado miembro contratante, con una fórmula ejecutiva unida a la resolución (A82(1) AJUB). Son directamente ejecutivas desde su notificación (R354.1 RP JUB).

Los procedimientos de ejecución siguen siendo nacionales: la resolución se ejecuta conforme al Derecho del Estado en que tiene lugar la ejecución, en las mismas condiciones que una resolución dictada por sus propios tribunales (A82(3) AJUB y R354.1 RP JUB). El agente judicial francés ejecutará, pues, un requerimiento de la división local de Múnich como una sentencia del tribunal judicial de París.

Las condiciones de ejecución de una resolución sobre el fondo

El requerimiento, las medidas correctoras y las demás medidas ordenadas en la resolución sobre el fondo solo son ejecutivas contra el demandado después de que (R118.8 RP JUB):

  • el demandante haya notificado al tribunal la parte de las medidas que se propone ejecutar;
  • haya aportado, en su caso, una traducción certificada de la resolución a la lengua oficial del Estado en que deba tener lugar la ejecución;
  • y la Secretaría haya notificado esa comunicación (y la traducción) al demandado.

Estas formalidades no se aplican a las órdenes de medidas provisionales, ejecutivas desde su notificación (R354.1 RP JUB; TUP, Tribunal de Apelación, 14 oct. 2025, Kodak c. Fujifilm, UPC_CoA_699/2025, sumario).

La garantía

La ejecución puede supeditarse a una garantía (depósito, aval bancario) destinada a indemnizar a la otra parte si la resolución se revoca posteriormente, en particular en el caso de los requerimientos (A82(2) AJUB, R118.8 y R352 RP JUB).

Si una resolución ejecutada se modifica o revoca posteriormente, la parte que la ejecutó puede ser condenada a indemnizar el perjuicio causado; y si la patente se modifica o anula una vez concluido el procedimiento, el tribunal puede decidir que la resolución deje de ser ejecutiva (R354.2 RP JUB).

Las multas coercitivas

Principio

La parte que no respete una orden puede ser condenada al pago de una multa coercitiva pagadera al tribunal (y no a la parte contraria), proporcionada a la importancia de la orden, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios (A82(4) AJUB y R354.3 RP JUB). Es, pues, el Tesoro del TUP, y no el titular de la patente, quien cobra los frutos de la desobediencia.

A instancia de parte o de oficio, la sala de primera instancia resuelve sobre la multa coercitiva tras oír a las partes; su resolución solo puede recurrirse en apelación con autorización (R354.4 RP JUB). La solicitud de ejecución está sujeta a una tasa de 1.300 € (tabla de tasas, sección III).

Las instrucciones de uso del Tribunal de Apelación

El Tribunal de Apelación ha precisado el régimen de las multas coercitivas (TUP, Tribunal de Apelación, 14 oct. 2025, Kodak c. Fujifilm, UPC_CoA_699/2025, sumario):

  • la multa coercitiva figura en principio en la resolución sobre el fondo, pero también puede ordenarse más tarde, mediante una orden separada, sin apelación contra la resolución principal, si cambian las circunstancias;
  • su importe debe ser lo bastante disuasorio para constreñir, sin dejar de ser proporcionado, y la orden debe precisar el hecho generador (preferiblemente por periodo, por producto o por acto), eventualmente con un límite máximo que el tribunal podrá elevar;
  • en principio debe fijar el plazo de cumplimiento; el demandante propone importe y plazo en su solicitud, y el demandado debe discutirlos desde ese momento, sin esperar a que expire el plazo.

La ejecución de las costas

El impago de las costas a las que ha sido condenada una parte es una cuestión de ejecución, y no de caución para costas en apelación (TUP, Tribunal de Apelación, 30 oct. 2025, Oerlikon c. Bhagat, UPC_CoA_8/2025, sumario; véase «Costas procesales»).

Las resoluciones en rebeldía

Una resolución en rebeldía es ejecutiva; el tribunal puede suspender la ejecución hasta que resuelva sobre una solicitud de anulación, o supeditarla a una garantía (R355.4 RP JUB).