Las medidas provisionales las adopta el juez a la espera de la resolución sobre el fondo, para prevenir una infracción inminente o impedir que continúe (A62 AJUB y R205 a R213 RP JUB). Es el arma más temida ante el TUP: un requerimiento puede abarcar, en pocas semanas, dieciocho Estados.

Las medidas posibles

El tribunal puede ordenar, en particular (A62(1) y (3) AJUB y R211.1 RP JUB):

  • requerimientos contra el presunto infractor o contra un intermediario cuyos servicios utilice, en su caso con multas coercitivas;
  • la autorización para continuar la explotación a cambio de la constitución de garantías destinadas a indemnizar al titular;
  • el embargo o la entrega de los productos sospechosos de infracción, para impedir su entrada o circulación en el comercio;
  • si el cobro de la indemnización de daños y perjuicios parece comprometido, el embargo preventivo de los bienes del demandado, incluido el bloqueo de sus cuentas;
  • una provisión de costas.

El requerimiento puede ser general: basta con que un tipo de acto de infracción sea verosímil para prohibir todas las formas de infracción; en esta fase también puede ordenarse una comunicación de información con arreglo al artículo 67, si hay urgencia y proporcionalidad (TUP, Tribunal de Apelación, 14 feb. 2025, Abbott c. Sibio, UPC_CoA_382/2024, sumario).

Los requisitos

Una certeza suficiente: «más probable que improbable»

El tribunal puede exigir al solicitante pruebas razonables que le permitan adquirir con certeza suficiente la convicción de que está legitimado para actuar, de que la patente es válida y de que se infringe, o de que la infracción es inminente (A62(4) AJUB y R211.2 RP JUB).

Según el Tribunal de Apelación, esta certeza supone que sea al menos más probable que improbable que el solicitante esté legitimado para actuar y que la patente se infrinja; falta si es más probable que improbable que la patente sea nula (TUP, Tribunal de Apelación, 26 feb. 2024, NanoString c. 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, sumario, punto 3).

La carga de la prueba se reparte así: al solicitante, su legitimación y la infracción; al demandado, la nulidad de la patente, salvo cuando la medida se solicita sin oírle (misma resolución, sumario, punto 3). El Tribunal de Apelación lo aplica, por ejemplo, para confirmar un requerimiento contra un programa informático de planificación de tratamientos de ortodoncia (TUP, Tribunal de Apelación, 8 jul. 2026, Angelalign c. Align, UPC_CoA_36/2026).

El riesgo de continuación de la infracción se deriva en principio de una infracción pasada, salvo si el infractor suscribe un compromiso de cesación acompañado de una cláusula penal suficiente (TUP, Tribunal de Apelación, 30 abr. 2025, Insulet c. EOFlow, UPC_CoA_768/2024, sumario, punto 3).

La urgencia

El tribunal tiene en cuenta cualquier retraso injustificado en solicitar medidas provisionales (R211.4 RP JUB). El plazo se cuenta desde el día en que el solicitante tuvo, o debería haber tenido, un conocimiento de la infracción suficiente para presentar una solicitud seria, es decir, los hechos y pruebas necesarios; la existencia de un retraso irrazonable depende de las circunstancias del caso, y el perjuicio irreparable no es un requisito de las medidas provisionales (TUP, Tribunal de Apelación, 25 sept. 2024, Mammut c. Ortovox, UPC_CoA_182/2024, sumario, puntos 5 a 7).

No hay, pues, un plazo tajante; pero quien deja dormir el expediente se expone a que se le oponga su propia paciencia.

La ponderación de intereses

El tribunal pondera los intereses de las partes, en particular el perjuicio que causaría a cada una la concesión o la denegación de la medida (A62(2) AJUB y R211.3 RP JUB). La proporcionalidad es un principio del procedimiento (A42 AJUB).

El procedimiento

La solicitud

La solicitud puede presentarse antes o después de la interposición de la acción sobre el fondo; contiene las medidas solicitadas, las razones de su necesidad, los hechos y pruebas invocados y, a falta de acción sobre el fondo, una breve descripción de esta (R206.1 y R206.2 RP JUB). Está sujeta a una tasa de 14.600 € más la tasa proporcional (R206.5 RP JUB; véase «Tasas judiciales y valor del litigio»). Se presenta ante la división competente para el fondo; una solicitud presentada ante una división incompetente se remite a la división competente (TUP, Tribunal de Apelación, 28 nov. 2025, Yealink c. Barco, UPC_CoA_317/2025, sumario, punto 1).

Con o sin el demandado

El tribunal puede informar al demandado e invitarle a oponerse a la solicitud, convocar a las partes o solo al solicitante; tiene en cuenta en particular una eventual oposición ya resuelta por la OEP, la urgencia, las razones para no oír al demandado y cualquier escrito de protección (R209 RP JUB).

Las medidas pueden ordenarse sin oír al demandado, en particular cuando cualquier retraso pueda causar un perjuicio irreparable; el demandado es informado a más tardar en el momento de la ejecución y puede solicitar la revisión de la orden (R212 RP JUB y A60(5) y (6) AJUB). El solicitante debe entonces revelar todo hecho relevante, incluidos los procedimientos pendientes y sus intentos infructuosos anteriores (R206.3 y R206.4 RP JUB).

El escrito de protección

Quien teme una solicitud de medidas provisionales puede presentar en la Secretaría un escrito de protección (protective letter), en el idioma de la patente, en el que exponga los hechos, pruebas y argumentos (incluida la nulidad de la patente) por los que la solicitud debería desestimarse (R207.1 a R207.3 RP JUB). La tasa es de 300 € (tabla de tasas, sección III).

El escrito se comunica a todas las divisiones, pero solo se hace público cuando se transmite al solicitante, con ocasión de una solicitud de medidas provisionales; permanece en el registro seis meses, prorrogables (R207.5 a R207.9 RP JUB). Cuando se ha presentado un escrito de protección, el tribunal considera en particular oír a las partes (R209.2 d) RP JUB), y el solicitante puede retirar su solicitud en lugar de verla examinada de forma contradictoria (R209.5 RP JUB).

La orden

El tribunal puede supeditar la orden a una garantía destinada a indemnizar al demandado si la medida se revoca posteriormente; lo hace en principio si la medida se ordena sin oírle, y la orden solo surte efecto una vez constituida la garantía (R211.5 RP JUB).

Después de la orden

  • Apelación: la orden puede recurrirse en apelación en un plazo de 15 días (R220.1 c) y R224.1 b) RP JUB). En apelación, el tribunal puede mostrarse más flexible que en el procedimiento sobre el fondo respecto de motivos presentados tardíamente, dada la rapidez del procedimiento, pero menos con un demandado que, conociendo la patente, lanzó su producto por su cuenta y riesgo (TUP, Tribunal de Apelación, 8 jul. 2026, Angelalign c. Align, UPC_CoA_36/2026, punto 159).
  • Acción sobre el fondo: el solicitante debe ejercitar la acción sobre el fondo en un plazo de 31 días naturales o 20 días hábiles a partir de la fecha fijada en la orden; de lo contrario, las medidas se revocan a petición del demandado (R213.1 RP JUB y A60(8) AJUB).
  • Indemnización: si las medidas se revocan, caducan por causa del solicitante o se constata la inexistencia de infracción, el demandado puede obtener la reparación de su perjuicio (R213.2 RP JUB y A60(9) AJUB).

Fuera del territorio del TUP

¿Puede una medida provisional referirse a un Estado de la Unión que no ha ratificado el Acuerdo, contra un demandado establecido en un tercer Estado? La cuestión se ha planteado al TJUE (TUP, Tribunal de Apelación, 6 mar. 2026, Dyson c. Dreame, UPC_CoA_789/2025 y UPC_CoA_813/2025; véase «Competencia del TUP»).